La Junta debe pagar 849.250 euros a Aqualia por el agua de las viviendas sociales.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la Junta de Extremadura contra un auto del 11 de noviembre de 2013 dictado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Mérida. Con esta sentencia finaliza el proceso judicial en virtud del cual la Junta de Extremadura debe abonar la deuda contraída con la empresa Aqualia, que asciende a 849.250 euros. Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
La parte apelada, la empresa Aqualia Gestión Integral de Agua y el Ayuntamiento de Mérida, interpuso un recurso contra la resolución de la secretaría general de la Consejería de Fomento, que desestimaba la reclamación administrativa del pago. En ese recurso la empresa reclamaba a dicha consejería el importe de los recibos de agua potable, saneamiento y depuración correspondientes a los usuarios de las viviendas sociales.
Fomento rechazó la petición y Aqualia acudió a los tribunales. Aunque en primera instancia el juzgado dio la razón a la Junta, ahora el TSJEx determina que debe pagar todos los recibos atrasados. El gasto originado por todos los conceptos asciende a 849.250 euros.
Fuentes de la Consejería de Fomento afirman a este diario que la Junta «acatará lo que dice la sentencia, como no puede ser de otra manera», al mismo tiempo que pide al Ayuntamiento que articule un sistema para que se regularice el proceso del pago del agua en las viviendas sociales.
Fuentes municipales indican que, aunque no sea precisamente por esta cuestión, el Ayuntamiento estudia confeccionar un nuevo reglamento del servicio de agua, documento del que ya se está elaborando un borrador. «Si con esto no bastara, se crearía un protocolo de actuación con las funciones, competencias y responsabilidades para regular este servicio de forma que esté adaptado a los nuevos tiempos».
Más de 10 años
Aseguran estas mismas fuentes que la Junta ya ha mostrado su voluntad de pagar este dinero a Aqualia. De hecho, antes de salir a la luz esta sentencia, ya habían comenzado los trámites para ello. «Desde el principio han mostrado muy buenas disposición en relación a este tema», indica desde el gabinete jurídico municipal. En junio de 2012 ya se había generado un conflicto entre la empresa encargada del servicio en Mérida, Aqualia, y la propietaria de los pisos, la Junta de Extremadura.
El problema reside en los impagos del recibo de viviendas sociales repartidas por toda la ciudad. En algunos casos no se paga desde hace más de diez años, cuando Aqualia se hizo cargo del servicio.
La Consejería de Fomento señala que la deuda asciende a algo más de 800.000 euros.
Ante la deuda acumulada por los usuarios, la concesionaria del servicio reclamaba el pago a la Junta de Extremadura como titular de las viviendas. Sin embargo, Fomento aseguraba que no es responsabilidad de la administración autonómica, ya que ésta no es la entidad contratante del suministro. «Son los particulares, y en este caso los inquilinos, los que dan de alta este servicio y los que lo contratan», argumentaba
Aqualia reclamó entonces la intervención del titular de la explotación, el Ayuntamiento de Mérida, que envió un escrito a la Junta en el que reclamaba el pago de los recibos impagados.
Fuente:Hoy Merida
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